Guadalupe Albaca, Sofía Plou, Lucila Schilliro y Soledad Valeiras
Introducción
A lo largo de la historia la concepción de Argentina ha ido mutando; desde considerarse el “granero del mundo” a principios del siglo XX a la situación de emergencia actual, invadidos por la pobreza e indigencia. Indicando a la pobreza, no sólo como la falta de recursos económicos sino como un conjunto de falencias que involucran la educación, la desocupación, la falta de valores, el desinterés por el otro y por progresar y la carencia de herramientas otorgadas por el Estado que brindaría la posibilidad de desarrollar al máximo las aptitudes de cada ciudadano.
Este deterioro progresivo que fuimos atravesando a lo largo de tantos años, contribuyó al detrimento en lo que respecta a la salud y continúa haciéndolo en la actualidad. Como es bien sabido, la SALUD, según la definición que la OMS hace del término, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En la Argentina estamos inundados de circunstancias adversas que contribuyen al debilitamiento de la salud. La falta de recursos y el desempleo obliga a grandes masas poblacionales a residir en viviendas inadecuadas, en condiciones de hacinamiento y falta de higiene, sin servicios de agua potable ni cloacas, con falta de acceso a los centros de salud y a una obra social. Los niños quedan marginados y excluidos del sistema, sin posibilidad de recibir educación ya que desde edades muy tempranas salen a mendigar o a trabajar para contribuir monetariamente con el escaso ingreso familiar; de esta manera resultan explotados y con imposibilidad de cumplir con su rol de niños. Por último, pero no menos importante, el impedimento de una alimentación adecuada disminuye la inmunidad aumentando la vulnerabilidad al padecimiento de ciertas enfermedades y una alteración del desarrollo físico e intelectual que conllevan a una reducción de la productividad.
Para hacer frente a estas realidades, el Estado se ha encargado desde hace ya muchos años de crear diferentes planes sociales con el objetivo de erradicar o minimizar los porcentajes de pobreza en el país. De esta manera se estaría contribuyendo a una mejora en el campo de la salud.
Objetivos
A lo largo de este trabajo vamos a realizar un análisis exhaustivo de diferentes planes sociales implementados en Argentina, creados con la finalidad de encarar y de alguna manera solucionar la problemática social. De este modo, pretendemos estudiar cómo éstos han ido evolucionando a través de los años, y establecer analogías y diferencias con planes aplicados en Brasil para combatir la pobreza. Elegimos Brasil ya que se trata de un país Latinoamericano con características similares a la Argentina.
Sin embargo, luego de haber realizado una búsqueda y análisis de los planes que se han aplicado en nuestro país consideramos que estas intervenciones que involucran inversiones hechas por el Estado, no arrojan resultados tangibles.
Historia
Nada resulta más elocuente para definir la nueva problemática social que remontarse al proceso iniciado en la década del ’40, demostrativo de una importante integración social, el pleno empleo, la equitativa distribución de los ingresos y la generalidad de los servicios básicos para las mayorías. Hubo entonces oportunidades de movilidad social y niveles de consumo elevados para gran parte de la población en lo que configuró un Estado de Bienestar.
Pero a mediados de los ’70, la crisis del industrialismo sustitutivo y el profundo cambio tecnológico, redujo los niveles de empleo, a lo que se agregó la implementación de un ajuste estructural, en el marco de procesos de globalización financiera, productiva y comunicacional, que dieron origen a un nuevo modelo económico. Modelo que termina de configurarse en la década de los ’90, cuando se da lugar a una forma diferente de articular el Estado y la sociedad, que deriva rápidamente en la vulnerabilidad y la exclusión de amplios sectores.
Fue en esta década, más específicamente en 1996, cuando Argentina creó los primeros planes de empleo, Programa Trabajar I, un subsidio que tenía una duración de entre 3 y 6 meses. Al año siguiente se creó el plan provincial Plan Barrios Bonaerenses y el resto de las provincias siguieron pasos similares. Eran programas que se distribuían a través de los intendentes y punteros del PJ. Funcionaban con la lógica de la escasez, la de los pocos recursos para hacer frente a muchas necesidades. Accedían a los mismos los que conocían a un puntero o tenían cercanía con la estructura del Estado.
Quienes quedaban fuera de este círculo, ya se por carecer de contactos o por rechazar el clientelismo, podían esperar sentados. De esta tensión entre los desocupados sin filiación política y el aparato PJ, y de la decisión de algunos militantes de izquierda de organizar a los desocupados, nacieron las agrupaciones piqueteras del conurbano. Reclamaban no sólo planes, sino trabajo genuino, salud pública y educación.
Durante el período presidencial de Fernando De la Rua la cantidad de subsidios bajó drásticamente y este recorte profundizó la protesta social.
Bajo la gestión de la Alianza se resolvió no distribuir los subsidios exclusivamente a través de los intendentes, sino también de manera directa a los vecinos que se organizaran e inscribieran en una ONG.
El gran salto llegaría luego del estallido del 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando luego de grandes manifestaciones, los programas de empleo se universalizaron.
El plan Jefas y Jefes de Hogar, esbozado en enero del 2002 durante la fugaz presidencia de Adolfo Rodríguez Saá y creado finalmente por Eduardo Duhalde, se extendió a dos millones de beneficiarios con un criterio de asignación universal. Para conseguirlo, ya no fue necesario pertenecer a determinado partido u organización –al menos no en teoría– sino reunir tres condiciones: no tener trabajo, ser jefe de hogar y tener chicos en edad escolar.
Tras la asunción de Kirchner, el Gobierno tomó un reclamo planteado desde las organizaciones para impulsar emprendimientos productivos y se otorgaron subsidios e iniciaron algunos proyectos de autoconstrucción de viviendas.
Los rasgos más sobresalientes de esta nueva problemática es el carácter estructural del desempleo, un alto grado de desigualdad y nuevas formas de pobreza. Se comienza a determinar la aparición de grandes bolsones de personas que están por debajo de la línea de pobreza e indigencia, la mayoría de las cuales se ubican en villas, asentamientos y barrios precarios de los grandes conurbanos, muchas personas sin techo y nuevos pobres que no satisfacen sus necesidades básicas en relación con la vivienda, sanidad, educación, nutrición y con menores ingresos.
A ello se agregan las tasas de desocupación, la maternidad precoz, la deserción escolar y la exclusión, situación localizada con mayor severidad en los niños, que al pertenecer a hogares pobres, muestran grandes deficiencias, en gran parte irreversibles, que afectan su desarrollo psíquico y físico, tanto en el presente como en el futuro.
Atención de la salud para los pobres en América Latina.
La falta de acceso de los pobres a la atención de la salud es parte de la enorme deuda social que se ha acumulado por generaciones en los países de América Latina. Las múltiples crisis económicas agravaron esa deuda al sumergir a más gente en la pobreza y limitar al mismo tiempo, los recursos a disposición de los sectores sociales. La situación parece ser un círculo vicioso: los problemas económicos persistentes causan una escasez de servicios que afectan adversamente la salud de la población, pero los países necesitan una población sana para poder participar en el desarrollo económico y social. La salud es no solo un producto derivado del desarrollo sino un requisito esencial sin el cual la población no puede llevar una vida normal, mucho menos trabajar y producir en la debida forma. En consecuencia, se debe considerar como un objetivo prioritario que se aborda por medio de políticas concretas y exige voluntad política por arte de los países.
Una clave para resolver ese dilema está en aprender a hacer más con los recursos disponibles. También se insta a los países de América Latina a compartir experiencias en ese campo porque, si bien existen marcadas diferencias entre sus respectivas sociedades dada la diversidad de sus condiciones histórica, herencia cultural y sistemas políticos y económicos, muchas de las cuestiones básicas que deben abordar –como la forma de mejorar el acceso, incrementar la eficiencia y garantizar la igualdad- son idénticas, y las respuestas acertadas en un lugar pueden ser instructivas en otro.
Brasil combate la pobreza
No es un país pobre pero sí un país con muchos pobres: casi el 30% de la población sufre necesidades en Brasil. También es uno de los países más desiguales del mundo. Sin embargo, en reducción de la pobreza, Brasil hizo en 4 años lo que le tomó 15 al resto de América Latina, implementando una política social innovadora, urbanización de los barrios pobres, movilidad en el mercado del trabajo y universalización de la educación. Estas políticas establecen como prioridad el descenso de la desigualdad; el ingreso del 10% más pobre subió un 50%, mientras que el ingreso del 10% más rico subió un 7% en los últimos 5 años.
La lucha contra la pobreza que se efectuó en Brasil no solo requiere de la política social, sino también de la implementación de una macroeconomía ordenada, con un crecimiento moderado en un contexto de baja inflación. Se propusieron lograrlo mediante la ampliación en el volumen de trabajo y aplicación de políticas que aumenten la participación en el ingreso de los más pobres. Esto lo consiguieron con el plan social más grande del mundo: Bolsa Familia. El mismo implica transferencias monetarias en efectivo sin condiciones a familias en situación de extrema pobreza (60 reales para quienes no tienen ingreso) y transferencia de 20 reales más por hijo hasta un máximo de 3, a condición de escolarización, vacunas y chequeos prenatales. Al contrario de lo que se pensaría, los beneficiarios tienen una más alta participación en el mercado del trabajo que los no beneficiarios. Los programas de renta mínima como el Bolsa Familia tienen mucho mayor impacto en los sitios donde la pobreza es extrema y el mercado laboral muy débil.
La segunda forma de atacar la exclusión es la urbanización de los barrios más humildes mediante el plan Favela Barrio, abandonando la idea de erradicación. Su principal objetivo es la implantación de mejoras urbanísticas, incluyendo las obras de infraestructura urbana, la accesibilidad y la creación de equipamientos urbanos, con la finalidad de obtener resultados sociales, a través de la integración y transformación de la favela en barrio. El programa constituye el mejor ejemplo de la integración efectiva de intervenciones urbanas integradas de infraestructura y de servicios sociales, con una elevada participación comunitaria. Su dimensión, así como sus impactos urbanos en la pobreza y en la ciudad, son visibles y elocuentes. Quizás su mayor contribución haya sido la de demostrar las posibilidades y los beneficios de una intervención urbana bien ejecutada que además ha logrado una escala social y política que trasciende ampliamente las metas que sus modestos comienzos pudieron haber previsto.
En Brasil, los barrios subnormales presentan dos formas tradicionales de acuerdo con su origen, localización y mecanismos de propiedad. Por un lado están las favelas, que son resultado de la invasión de tierras públicas o privadas, por lo general localizadas cerca de las zonas centrales de la ciudad y sobre las cuales los habitantes no poseen títulos de propiedad. Por otro lado están los loteos irregulares que resultan de la división formal pero ilegal de los terrenos localizados en áreas periféricas y sobre los cuáles los habitantes pueden poseer documentos de compra y venta, si bien no tienen acceso al título de propiedad debido al carácter irregular del loteo.
Río de Janeiro, con casi 6 millones de habitantes, exhibe rasgos urbanos típicos de las ciudades duales de los países en desarrollo, agravada por su topografía accidentada, que ha favorecido la proximidad y la convivencia de los barrios ricos y pobres. La ciudad formal creció y se desarrolló en los valles localizados entre las colinas que definen la topografía del lugar, y también a lo largo de la costa. Paralelamente, la ciudad informal, la de las invasiones de tierras, los loteos irregulares y las favelas, creció por las laderas de esas mismas colinas, empujada por la inmigración de la población del interior y de otros estados que busca empleo en la gran ciudad.
En 1995, año de inicio del programa Favela-Barrio, se estimaba que en la ciudad había más de 800 favelas, con aproximadamente un millón de habitantes, y cerca de 600 loteos irregulares con una población de unas 400.000 personas. Ello indica que casi el 25% de la población urbana de Río de Janeiro vivía en favelas o en loteos irregulares en el momento en que comenzó el programa.
Las principales acciones para integrar las áreas de favela al tejido urbano de la ciudad formal, son:
· Complementar o construir la estructura urbana principal;
· Ofrecer condiciones ambientales que permitan la lectura de la favela como un barrio de la ciudad;
· Introducir los valores urbanísticos de la ciudad formal para su identificación como barrio: calles, plazas, mobiliario y servicios públicos; fuera de la naturalización de la violencia que se vive en las favelas, es notable el esfuerzo que se está haciendo para llevar el estado, los servicios, los derechos y la infraestructura básica a las favelas.
· Consolidar la inserción de las favelas en el proceso de planeamiento de la ciudad;
· Implantar acciones de carácter social, construyendo jardines de infantes, incentivando programas de generación e incremento de renta y capacitación profesional, actividades deportivas, culturales y recreativas;
· Promover la regularización urbanística y el otorgamiento de títulos de propiedad de los terrenos.
Otro hecho importante es que las transformaciones urbanísticas y arquitectónicas están acompañadas por una acción de contenido social que permanece en la favela. El primer elemento significativo de estas transformaciones es el Puesto de Orientación Urbanística y Social (POUSO), donde la Alcaldía está representada por un arquitecto y un asistente social, y cuenta con la colaboración de agentes comunitarios para orientar a los habitantes en las posibles intervenciones en los espacios públicos y privados. El segundo, es la creación de centros de formación profesional para artesanos y técnicos, y tele-aulas para la educación a distancia de jóvenes y adultos, como una forma de generar empleos en la favela, ambos coordinados por la Secretaría Municipal de Trabajo. El tercero, es el apoyo a la formación de cooperativas y locales para organizar el sector comercial de la comunidad. Con la regularización y titulación de la propiedad de los terrenos y la disponibilidad de infraestructuras, la favela dispone de servicios públicos que la identifican como ciudad "formal": educación, salud, deporte, saneamiento básico, recolección de basuras, teléfono, correos, agua, gas, etc.
Aspectos positivos del plan Favela- Barrio
Bolivia: Plan de desarrollo para combatir la pobreza.
El gobierno boliviano presentó, en el 2006, un plan de desarrollo nacional denominado “Bolivia digna, soberana, productiva y democrática” que pretende atender las urgencias sociales y comenzar la erradicación de la pobreza y de toda forma de exclusión y marginación. Los pilares de este plan quinquenal son la estabilidad macroeconómica y la adopción de políticas institucionales en salud, educación, desarrollo, infraestructura y política exterior de estado. La matriz productiva estará integrada por los hidrocarburos, la minería y la biodiversidad. Los datos oficiales indican que el 67,30% de los bolivianos son pobres y la pobreza extrema es del 35%. El plan propone entonces que en el primer quinquenio la pobreza extrema se reduzca a un 27% para el 2011; crear 90.000 empleos al año; reducir la tasa de desempleo de 8.4 a 4%; construir 100.000 “soluciones habitacionales”.
La estrategia para el combate de la pobreza, según el documento presentado, contempla el programa Comunidades en acción, con una intervención masiva, integral, sostenida en salud, vivienda, agua potable y apoyo a la producción en municipios de pobreza extrema.
Para zonas urbanas habrá un programa de Reciprocidad y Solidaridad, así como programas para jóvenes: Mi primer empleo y Mi empresa, para fomento al desarrollo de iniciativas productivas; y Bolivia sin hambre, con subsidios para desayunos y almuerzos escolares.
Se planea instaurar el Seguro universal de salud y un programa de Desnutrición Cero. Un nuevo pacto social para la refundación de la educación pública, la reforma de la educación superior; la alfabetización, mediante el programa Yo sí puedo.
El plan prevé una inversión pública en el primer quinquenio de 6 mil 883 millones de dólares y 5 mil 839 millones de dólares de inversión privada, fundamentalmente en minería, hidrocarburos e industria manufacturera.
El ministro de Planificación para el Desarrollo explicó que el primero de los apartados "Construyendo el Futuro" da cuenta de la nueva concepción del desarrollo boliviano, del país que se proponen construir y de la estrategia para conseguirlo. El segundo capítulo está referido a "Bolivia Democrática", enfocado a la construcción del poder social territorializado. El tercer apartado corresponde a "Bolivia Digna", contiene la propuesta de desarrollo social e implica la resignificación de la concepción de la protección social con la incorporación de activos y el acceso irrestricto a los servicios sociales. El cuarto capítulo "Bolivia Productiva" tiene el propósito de puntualizar la conformación de la matriz productiva integrada por la transformación de los recursos naturales en los sectores estratégicos -en los cuales interviene el Estado como productor- y la revolución de la producción diversificada e integrada, basada en el trabajo y el conocimiento en los sectores generadores de empleo e ingresos; complementados por la vinculación y articulación productiva de las comunicaciones y el transporte, además de los servicios de financiamiento e innovación tecnológica. El quinto apartado "Bolivia Soberana", es complementario al anterior, pues está referido al cambio en la orientación de las relaciones internacionales y las relaciones económicas externas, en concordancia con los cambios previstos en los sectores productivos. El sexto apartado está referido a los elementos determinantes de la sostenibilidad macroeconómica y sus proyecciones, los cuales inciden en las condiciones institucionales y políticas de largo plazo. Mientras que el séptimo capítulo está referido a la Configuración del desarrollo nacional sobre las necesidades insatisfechas en los municipios, a nivel nacional y la distribución territorial de proyectos.
Argentina, hoy.
El programa Asignación Universal por Hijo, decretado el 29 de octubre de 2009 por la presidente Cristina Fernández de Kirchner, beneficia a trabajadores informales, desocupados y servicio doméstico que tengan hijos menores de 18 años. La Anses confirmó que, hasta el momento, un millón de personas cobró la Asignación universal por hijo en todo el país.
Los requisitos que se deben cumplir para percibir la Asignación Universal por Hijo son los siguientes:
| AMBOS PADRES O MAYORES A CARGO (tutor, guardador, curador o pariente por consanguinidad hasta 3er grado) | DEL TITULAR | DEL MENOR | DEL DISCAPACITADO |
| · Desocupados · Trabajadores no registrados que perciban una suma de dinero menor o igual al Salario Mínimo, Vital y Móvil · Trabajadores del Servicio Doméstico que perciban una suma de dinero menor o igual al Salario Mínimo, Vital y Móvil · Monotributistas Sociales | · Tener DNI · Residir en el país · Ser Argentino nativo o naturalizado o con residencia legal en el país mínima de 3 años · Figurar en la base de personas de la ANSES · Que sus hijos figuren en la base de personas de la ANSES | · Tener menos de 18 años de edad · Ser hijo matrimonial o extramatrimonial, adoptado o estar bajo guarda, tutela, o estar a cargo de un pariente por consanguinidad hasta 3er grado (abuelo, tío, hermano) · Ser soltero · Tener DNI · Residir en el país · Ser Argentino nativo o naturalizado o con residencia legal en el país mínima de 3 años · Figurar en la base de personas de la ANSES relacionado con quien lo tiene a cargo | · Contar con autorización por discapacidad vigente emitida emitida por ANSES · Cualquiera fuera su edad · Ser hijo matrimonial o extramatrimonial, adoptado o estar bajo guarda, tutela, o curatela, o estar a cargo de un pariente por consanguinidad hasta 3er grado (abuelo, tío, hermano) · Ser soltero, divorciado, separado legalmente o viudo · Tener DNI · Residir en el país · Ser Argentino nativo o naturalizado o con residencia legal en el país mínima de 3 años · Figurar en la base de personas de la ANSES relacionado con quien lo tiene a cargo |
El plan lo pueden cobrar los desocupados, trabajadores no registrados (que ganen menos o igual al monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil), trabajadores del servicio doméstico (que ganen menos o igual al monto del salario mínimo, vital y móvil) y monotributistas sociales.
Solo se pagará a uno solo de los padres (privilegiando a la madre), tutor, curador o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, por cada menor, hasta un máximo de 5, de dieciocho años que se encuentre a su cargo o sin límite de edad cuando se trate de un discapacitado. Los hijos deben ser argentinos nativos o tener al menos tres años de residencia en el país, ser menores de 18 años (o discapacitados sin límite de edad). Se debe acreditar el vínculo entre ambos mediante la presentación de la partida de nacimiento. En los casos de guardas/tutelas y curatelas, los testimonios judiciales pertinentes. En los casos de parientes por consanguinidad se requiere una información Sumaria Judicial de la que surjan: el parentesco, la convivencia con el menor o persona discapacitada, que se encuentre a su cargo, que no exista guardador/tutor o curador designado judicialmente y la fecha de inicio de la relación.
Para cobrar esta asignación anualmente se deberá presentar el certificado de cumplimiento del plan de vacunación obligatorio hasta los cuatro años de edad del hijo. Además, a partir de los cinco años del niño, también se deberá presentar el certificado de asistencia escolar a establecimientos educativos públicos del año anterior. Si no se cumplen estos requisitos, se pierde el derecho al cobro de esta asignación.
Se pagaran $180 por mes, por hijo (máximo 5) de la siguiente forma: $144 (80%) se percibirá directamente y los $36 (20%) restantes se depositarán en una cuenta a nombre del titular. Ese dinero sólo podrá ser retirado una vez al año, cuando demuestre que el niño concurrió a la escuela durante el ciclo escolar y cumplió con el plan de vacunación. Por Hijo con Discapacidad el monto de la prestación es de $720 por mes: $576 (80%) en diciembre y los restantes $144 (20%) se podrán cobrar en marzo. No existe fecha límite para registrarse.
Aspectos positivos de las Asignaciones Universales por Hijo
Luego de la exposición de las características del plan vigente en Argentina para la lucha contra la pobreza, podemos destacar los siguientes aspectos positivos:
· La asignación fue implementada por la ANSES en tiempo record: se le pagó a un millón de familias en menos de diez días.
· Bajo margen de error: de 2.700.00 liquidaciones realizadas solo hubo reclamo de 177, representando un error de 0,006 por mil.
· Se asegura el cumplimiento con el plan de vacunación nacional hasta los 4 años y con la asistencia escolar a partir de los 5 años mediante la retención del 20% mensual, que solo podrá ser cobrado al finalizar el año al presentar los certificados correspondientes.
· Hay un límite de 5 hijos establecido para el cobro del plan.
